Ser pragmatista implica...

Que las consecuencias nos acerquen al logro de nuestros objetivos, tomando en cuenta el contexto interactivo en el que ocurren. Enfocarnos en el para qué y no en el por qué decimos o hacemos lo que digamos o hagamos.

3.5.17

Dilemas éticos ante la dictadura

En Venezuela ha sido declarada la ruptura del hilo constitucional. Esto significa que ha habido una violación tan grave a la constitución, perpetrada por los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, que equivale a un golpe de estado. Si ocurre un golpe de estado, el gobierno es típicamente calificado como una dictadura.

Ante la ruptura del hilo constitucional, todos los ciudadanos tenemos la obligación constitucional de reestablecer la vigencia plena de la constitución. ¿Cuál es el alcance de las acciones que los ciudadanos debemos ejecutar con ese fin? ¿Hasta dónde podemos llegar para cumplir con ese deber? ¿Qué sería legal y qué no en unas circunstancias en las que el propio estado de derecho ha dejado de operar con normalidad?

Estas preguntas sugen porque ante tantas violaciones flagrantes a derechos humanos y ante tanto desprecio de la dictadura por las normas, me he dado cuenta de que cada vez que pagamos impuestos, esos recursos terminan recibiéndolos funcionarios que luego van a utilizarlos, en forma de lacrimógenas y sueldos de esbirros, en contra de quienes los estamos pagando. La conclusión inmediata sería la de decidir dejar de pagar impuestos. Pero eso no es tan fácil de implementar y puede además traer impactos colaterales indeseables.

No sería fácil porque, de hacerlo, tendrá que hacerse de tal manera que lo hagamos todos a la vez. Eso implica una coordinación más propia de alemanes o suizos que de venezolanos. Pero, además, estaría mal simplemente no pagar por ser una acción ilegal y porque se corre el riesgo de que algunos vivarachos pasen a rumbearse esos reales que no desembolsarían.

Pensemos, especulativamente, en que se logra coordinar esa acción y que se crea un fideicomiso a cargo de la Asamblea Nacional, por ejemplo, en el que todos depositamos ordenadamente los impuestos para que estén allí pagados, pero retenidos hasta tanto el hilo constitucional sea reestablecido. ¿Existirá alguna institución bancaria dispuesta a abrir ese fideicomiso rebelde? ¿Se quedará la dictadura tranquila ante tal medida?

Supongamos que esa idea de depositar los impuestos en un fideicomiso para retenerlos hasta que vuelva a existir la democracia y el estado de derecho, se pudiese lograr... ¿No estaríamos impidiendo que llegasen recursos a servicios clave proporcionados (generalmente de manera deficiente) por el gobierno dictatorial y con ello poniendo en riesgo a parte de la población? ¿Habría que tomar en cuenta ese tipo de consecuencias, mientras quienes usurpan funciones no se frenan ante nada por lograr como sea mantener sus posiciones de poder ilegítimo?

Es un dilema porque estamos ante el enfrentamiento de dos deberes que tenemos como ciudadanos: por un lado debemos pagar impuestos, es lo legal y es necesario por múltiples razones; pero por otro lado, debemos defender la vigencia de la constitución ante una dictadura. Es complicado. Pero vale la pena reflexionar al respecto.

25.3.17

Ley de coherencia y garantías éticas en el ejercicio de la función pública

Si sabes que un embotellador de agua mineral NUNCA se toma ni un poquito del agua que vende, ¿te atreverías a tomarte una de sus botellitas?

Empresarios privados y funcionarios del Estado deciden asumir responsabilidades de ofrecer productos y servicios (los primeros más orientados a los productos y los segundos a los servicios) que satisfagan necesidades y deseos de la población. Si un empresario ofrece un mal producto o servicio, salvo excepciones monopólicas, la competencia se encargará de hacer que este fracase por la mala calidad de lo que ofrece. Pero en el caso del Estado, el asunto no es tan dinámico.

Los servicios del Estado tienen una dinámica más rígida porque existen algunos servicios, como el de los pasaportes, que no hay manera de satisfacerlos por fuera del ámbito estatal; y otros que atrapan a los sectores de menores ingresos como especie de mercado cautivo (el caso del transporte público, por ejemplo), porque buscar alternativas a dichos servicios resulta inalcanzable debido a costos o, simplemente, porque no existen alternativas y solamente el Estado los ofrece en una determinada región.

Un agravante en el caso del Estado es que los funcionarios producen los bienes o servicios utilizando recursos públicos, es decir, recursos que no son de ellos sino de los ciudadanos como un todo. Una consecuencia de ofrecer malos servicios por parte de una determinada administración es perder las elecciones y tener que entregar el gobierno. Sin embargo, hemos sido testigos de las extraordinarias destrezas de ciertos políticos en excusarse y mostrar como culpable a cualquiera otra persona o circunstancia, logrando reelegirse a pesar de su mediocre gestión.

Los funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan altos cargos, son en muchos casos poco sensibles con respecto a las consecuencias de una fallida gestión: reciben atención médica en las mejores clínicas privadas (no en hospitales públicos), educan a sus hijos en los mejores colegios privados (no en escuelas públicas) y se desplazan en vehículos de lujo, con choferes y guardaespaldas (no en transporte público, en bici o a pie). Son como ese empresario que NUNCA toma el agua que vende embotellada. Son técnicamente fallidos y éticamente nulos.

La pregunta sería ¿Cómo lograr un mejor desempeño de los gerentes públicos? Varios tipos de acciones deben ejecutarse, como: a) Promover formación de alto nivel entre los cuadros de los partidos políticos; b) Estimular la meritocracia como mecanismo de desarrollo de carrera en el sector público; c) Desarrollar la contraloría social de tal modo que provoque acciones correctivas tempranas y no tener que esperar hasta el momento en el que se pueda aplicar el voto castigo. En fin, son muchas y muy variadas las acciones que de alguna manera se pueden dirigir a que el Estado funcione con altos estándares de calidad.

Sin embargo, quiero aportar una idea basada en el agua embotellada: que todo alto funcionario, por ley, sea obligado a utilizar los servicios del Estado mientras esté en ejercicio de su función. Más que una obligación punitiva es una especie de condición para ejercer la responsabilidad que le ha sido asignada. Por ejemplo, es como ser seleccionado para jugar en la Vino Tinto con la condición de que debes estar en los entrenamientos para poder jugar en los partidos de la clasificación al mundial (digamos, no valdría que el jugador se bajase de un avión para ir directamente al estadio a jugar).

Esa idea la sintetizo en promulgar la "LEY DE COHERENCIA Y GARANTÍAS ÉTICAS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA." Los ciudadanos estamos hartos de un sector público mediocre y sin esperanzas de mejorar. Quien quiera asumir la digna responsabilidad de trabajar en función del bien común, debe comenzar por hacerlo por interés propio. Si no se ocupa de hacerlo bien, la primera víctima inmediata será esa misma persona que aceptó dicha responsabilidad. Si los resultados tardan un tiempo, esa persona estará muy interesada en que ese tiempo sea lo más corto posible.

Si no le gusta esa condición, que renuncie al cargo o que simplemente no lo acepte o que ni siquiera se postule a elecciones. No es ético que los recursos públicos sean mal utilizados y que los responsables directos de esa mala utilización no salgan afectados. Es una condición muy dura, pero al mismo tiempo es un reto que sólo los mejores se atreverán a asumir.

Los considerandos y el articulado de esa Ley son también un reto. Acepto voluntarios que me ayuden a producir el primer borrador.

Pásame la botellita de agua.

1.3.17

Meritocracia: ¿el peor de los males?

La única guerra real a la que se podría hacer referencia en Venezuela es la guerra a la meritocracia. Desde los tiempos de Chávez, sobre todo por su particular empeño en cogerse a PDVSA, la meritocracia que se cultivaba en el país comenzó a recibir duros golpes traicioneros. Uno de los golpes más típicos era el que venía con el disfraz de la lealtad: se exigía lealtad al comandante como una de las "competencias" que los altos gerentes públicos debían demostrar. Ese disfraz sólo ocultaba el desprecio por la meritocracia.

Otro golpe certero a la meritocracia ha sido la estrategia de privilegiar las importaciones de todo tipo, en lugar de que las compras del Estado se canalicen primero hacia lo producido acá en Venezuela. El Estado se dedicó a comprar bienes, servicios y talento en el exterior, muchas de las veces de manera discrecional, en una clara violación no sólo al interés del país (se favoreció la creación de empleos y desarrollo en otros países), sino que además se escogieron "socios" amigos, no necesariamente a los mejores. De paso, siendo los funcionarios encargados de importar, individuos escogidos por su lealtad al proceso, no era extraño que alimentos y medicinas apareciesen podridos en distintas zonas del país, pues se vencían gracias a que éstos de logística sabían tanto como de física cuántica.

Esa discrecionalidad no pudieron dejar de aprovecharla para lo que terminaban decidiendo contratar en el país y eso fue, sin duda, otro duro golpe a la meritocracia. El Registro Nacional de Contratistas podría servir como base de datos para corroborar la hipótesis de que en gran medida muy poco se licitó o, en todo caso, los contratos los ganaban empresas que destacaban no por sus méritos, sino por sus contactos. La deshonrosa presencia de cubanos en registros y notarías no tendría otra explicación que vigilar a venezolanos que, luego de enriquecerse, siguieran siendo leales a la revolución.

Los contactos para hacer negocios desde el Estado no pueden ser mejores que aquellos que son parte de la familia. El nepotismo descarado del chavismo es el otro gran golpe a la meritocracia. No se escogen funcionarios diplomáticos, gerentes públicos, o demás cargos de relevancia, porque se busquen a las personas con los perfiles profesionales más adecuados, sino que se enchufan a los hermanos, tíos, sobrinos, etc., de los más connotados líderes de la revolución.

La invalidación de pruebas de aptitud para entrar a las universidades han sido otra manifestación más de esa guerra sin cuartel a la meritocracia. La proliferación del rango de general en la Fuerza Armada es también otra medida solapada contra la meritocracia puesto que si son muchos, la conclusión lógica es que cualquiera puede llegar a ser general. Y si vamos a las credenciales y trayectoria de quien hoy funge de presidente de la república, la conclusión es que la meritocracia la han devaluado tanto como a la moneda nacional.

Es algo tan devaluado que la preocupación por la corrupción le dan más centimetraje porque de alguna manera sirve para ocultar la falta de meritocracia en el buen sentido. La verdadera existencia actual de la meritocracia ocurre entonces en el sentido negativo: sólo los más deshonestos y desalmados logran ocupar los más altos cargos en los distintos poderes del Estado. Pero esa meritocracia de pranes no es la que le conviene a ningún país.

25.1.17

¿Sustantivo o procedimental? (de las trampas del enemigo)

Los derechos humanos son esencialmente un tema sustantivo. Determinar si se están violando o no por parte de un funcionario público abusador es una tarea sencilla de realizar. Tal como lo afirmamos en mi post más reciente, en el terreno político (o en cualquier otro) si un adversario te viola tus derechos humanos, deja de ser tu adversario y se convierte en tu enemigo.

Cotidianamente el gobierno dictatorial que en la actualidad tiene a Venezuela sufriendo su peor crisis, viola sistemática e impunemente los derechos humanos de prácticamente todos los venezolanos. La trampa que este tenebroso "enemigo íntimo" ha utilizado es la de "procedimentalizar" los reclamos en materia de derechos humanos. Por un lado, enreda judicialmente los reclamos a través de medidas cautelares que en sí mismas son violatorias de los derechos de personas detenidas arbitrariamente o vejadas de alguna otra manera; pero por otro lado protege a los propios violadores y cómplices, por acción u omisión en sus actuaciones.

Por ejemplo, son públicas y notorias las violaciones de derechos humanos que ministros, diputados o demás voceros del gobierno perpetraron al amenazar a funcionarios públicos, y a venezolanos en general, que si firmaban para convocar el Referendo Revocatorio los iban a "castigar" botándolos de sus cargos. Esas son violaciones del tipo discriminatorio al derecho #2 de la Declaración Universal, han sido flagrantes y son sustantivamente incuestionables.

El enredo lo provocan al "pelotear" a las víctimas para que vayan a distintos sitios buscando justicia. Mucho peor cuando se trata de violaciones del derecho a la vida, las víctimas ya no están presentes y sus allegados pueden lógicamente cansarse del peloteo con más facilidad. Si bien lo procedimental podría servir para alcanzar un resultado firme legalmente, con el estado de derecho vigente sería iluso apostar a esa vía.

Ante la trampa de forzarnos a utilizar la vía procedimental, los venezolanos debemos invocar cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera podemos obtener resultados de justicia sustantiva que impacte ante la opinión pública nacional e internacional y que acarree consecuencias morales, sociales y políticas que debiliten a nuestros enemigos (los violadores de nuestros derechos humanos). Para ello debemos apoyarnos en el artículo 23 constitucional:
Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos está suscrita y ratificada por Venezuela. La Sala Constitucional actual no tiene competencia para interpretar ese texto y como ha sido cómplice de abusos, si lo hiciese, lo haría en contra de las víctimas. Esta instancia está ubicada en el terreno procedimental, no en el sustantivo.

En el sustantivo estamos las víctimas y eventualmente podremos llegar a lo procedimental, cuando la justicia sea verdaderamente neutral e impecablemente decente.

El asunto entonces va más allá del tema político. Muchos funcionarios, civiles y militares, de distintos niveles violan los derechos humanos de los venezolanos, no solamente los de algunos dirigentes opositores y de estudiantes que protestan en las calles. Seguir enmarcando el conflicto con el gobierno como un problema de la "disidencia" es limitado.

Tenemos una dictadura que nos afecta a todos los venezolanos. Es prácticamente una fuerza de ocupación que ha colonizado casi todas las instituciones y mantiene secuestrado el país. Si no violaran derechos humanos serían sólo nuestros adversarios, pero lamentablemente no es así,

Por lo tanto, son nuestros enemigos y debemos estar conscientes de ello.

23.1.17

¿Adversarios o enemigos? (o cómo proceder estratégicamente en 2017)

Para leer este artículo es requisito conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue aprobada por la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas en 1948. Si no conoces el contenido de dicha declaración, por favor haz click aquí y revísala antes de continuar...

La situación en Venezuela en estos comienzos de 2017 es complicada. Venimos de un 2016 que comenzó bien por lo esperanzador y mal por la actitud del madurismo hacia el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas nacionales, con el cual obtuvo los 2/3 de los diputados a la Asamblea. Apenas declarada tan importante victoria, el madurismo procedió a controlar fraudulentamente la Sala Constitucional del TSJ y a obstaculizar la concreción de los 2/3, fabricando un juicio contra los resultados electorales del Estado Amazonas.

De allí en adelante, el madurismo fue saboteando inclementemente la labor legislativa de la AN, culminando el año con el asesinato del Referendo Revocatorio y con la estratagema de un diálogo engañoso que le permitiera llegar a 2017 sin correr el riesgo de salir del poder. El malsabor que queda luego de interactuar con un supuesto adversario que transgrede cuánta regla de juego crea inconveniente, es lo que sentimos en este primer mes del año.

Muchas veces he escuchado a líderes democráticos venezolanos decir que para ellos el actual gobierno madurista es un adversario político, no un enemigo, a pesar de las permanentes referencias del madurismo para enmarcar la controversia como si se trata de un asunto de guerra. Entiendo a los líderes democráticos cuando se empeñan en creer que la guerra es sólo una metáfora utilizada por el madurismo y que prefieren continuar pensando que esos son sólo adversarios, como ocurre cuando se enfrentan equipos de béisbol o fútbol para ganar un campeonato. Un Caracas-Magallanes es la imagen idílica que muchos en la oposición han utilizado para digerir lo que vivimos.

Pero cuando los árbitros (CNE, Fiscalía, TSJ y demás tribunales, así como la Policía y la Fuerza Armada Nacional) entran a la cancha a darle batazos o patadas a la oposición, ya no se trata de un enfrentamiento entre adversarios; es, lamentablemente, una situación de guerra.

Entiendo por guerra, en un sentido amplio, a lo que sucede cuando se violan los derechos humanos de las personas. Eso puede ocurrir dentro del hogar (violencia doméstica), en la calle (delincuencia), en las empresas (explotación de trabajadores o acosos de cualquier naturaleza) o en el ámbito de lo público, de la política. Obviamente que guerra en sentido restrictivo es cuando se viola impúnemente e intencionadamente el derecho a la vida, pero la violación de ese derecho no es la única posible.

Existen 30 puntos o derechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que van desde la no discriminación por ninguna característica de la persona (color, sexo, edad, posición política, creencia religosa, etc.), hasta el respeto a poder votar, participar en el gobierno, circular por el territorio, asociarse con fines pacíficos, trabajar, tener una vida digna, etc. En 2016 hemos sido testigos de una violación sistemática y general de los derechos humanos de prácticamente todos los venezolanos. No es un asunto que compete solamente a quienes pensemos distinto al madurismo, el gobierno se ha dedicado a someter por la vía violenta y autoritaria a millones de venezolanos. Basta con traer a colación el abuso perpetrado con el anuncio sobre la salida de circulación del billete de Bs. 100, con el que se afectó absolutamente a todo el mundo y que luego se le ha dado marcha atrás, sin ofrecer disculpas, sin dar la menor explicación que de manera convincente justifique las razones reales de la medida. Fue un acto de guerra contra los venezolanos, con la idea de humillarnos y someternos aún más, como si las colas y la escasez ya no les parecía suficiente a los señores de la guerra, que necesitan mayor obediencia.

La violación de los derechos humanos es un tema sustantivo, no procedimental. Sin embargo, en la maraña de leyes y reglamentos que este gobierno se ha encargado de tejer, una solicitud masiva de elecciones o las elecciones pautadas constitucionalmente como la de gobernadores, se excusan con sentencias y medidas convenientes para quienes ya decidieron no seguir "jugando" a la democracia, sino guerreando.

El siguiente esquema ayuda a aclarar un poco la respuesta a la pregunta con la que comienza este artículo:


Es natural la controversia en la política. Es como un deporte de competencia. No es un juego para pasar el rato, sino que unos ganan, otros no, pero pueden ganar después si se respetan las reglas de juego y si juegan con pasión e inteligencia.

Lo normal en política es que existan entonces ADVERSARIOS. Es lo que la oposición siempre ha dicho y es quizás el supuesto sobre el que desarrolla sus estrategias. Lamentablemente, el madurismo no sólo no respeta las reglas de juego, sino que le viola los derechos humanos a quien les de la gana. Nos consideran a los venezolanos sus ENEMIGOS, bien sea porque los desafiamos políticamente o porque no seamos lo suficientemente sumisos para obedecer cualquier tipo de órdenes. El madurismo es una dictadura que ha colonizado distintas instancias del Estado, para mantenerse allí "como sea" (tal como les gusta decirlo).

Sin querer tenerlos como enemigos, pero luego de constatar durante 2016 que ellos definitivamente sí nos consideran como tales, como que no queda otra opción que cambiar nuestro supuesto: no estamos ante unos adversarios, sino ante unos enemigos. Considero estratégicamente clave que la MUD y la AN utilice las derechos humanos de todos los venezolanos, no sólo de los opositores, como el marco de referencia para la lucha política actual en 2017. Una alianza con todas las organizaciones que promueven y defienden el respeto a los derechos humanos va a darle un giro importante a las respuestas que la complicada situación actual reclama.