Ley de coherencia y garantías éticas en el ejercicio de la función pública

Si sabes que un embotellador de agua mineral NUNCA se toma ni un poquito del agua que vende, ¿te atreverías a tomarte una de sus botellitas?

Empresarios privados y funcionarios del Estado deciden asumir responsabilidades de ofrecer productos y servicios (los primeros más orientados a los productos y los segundos a los servicios) que satisfagan necesidades y deseos de la población. Si un empresario ofrece un mal producto o servicio, salvo excepciones monopólicas, la competencia se encargará de hacer que este fracase por la mala calidad de lo que ofrece. Pero en el caso del Estado, el asunto no es tan dinámico.

Los servicios del Estado tienen una dinámica más rígida porque existen algunos servicios, como el de los pasaportes, que no hay manera de satisfacerlos por fuera del ámbito estatal; y otros que atrapan a los sectores de menores ingresos como especie de mercado cautivo (el caso del transporte público, por ejemplo), porque buscar alternativas a dichos servicios resulta inalcanzable debido a costos o, simplemente, porque no existen alternativas y solamente el Estado los ofrece en una determinada región.

Un agravante en el caso del Estado es que los funcionarios producen los bienes o servicios utilizando recursos públicos, es decir, recursos que no son de ellos sino de los ciudadanos como un todo. Una consecuencia de ofrecer malos servicios por parte de una determinada administración es perder las elecciones y tener que entregar el gobierno. Sin embargo, hemos sido testigos de las extraordinarias destrezas de ciertos políticos en excusarse y mostrar como culpable a cualquiera otra persona o circunstancia, logrando reelegirse a pesar de su mediocre gestión.

Los funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan altos cargos, son en muchos casos poco sensibles con respecto a las consecuencias de una fallida gestión: reciben atención médica en las mejores clínicas privadas (no en hospitales públicos), educan a sus hijos en los mejores colegios privados (no en escuelas públicas) y se desplazan en vehículos de lujo, con choferes y guardaespaldas (no en transporte público, en bici o a pie). Son como ese empresario que NUNCA toma el agua que vende embotellada. Son técnicamente fallidos y éticamente nulos.

La pregunta sería ¿Cómo lograr un mejor desempeño de los gerentes públicos? Varios tipos de acciones deben ejecutarse, como: a) Promover formación de alto nivel entre los cuadros de los partidos políticos; b) Estimular la meritocracia como mecanismo de desarrollo de carrera en el sector público; c) Desarrollar la contraloría social de tal modo que provoque acciones correctivas tempranas y no tener que esperar hasta el momento en el que se pueda aplicar el voto castigo. En fin, son muchas y muy variadas las acciones que de alguna manera se pueden dirigir a que el Estado funcione con altos estándares de calidad.

Sin embargo, quiero aportar una idea basada en el agua embotellada: que todo alto funcionario, por ley, sea obligado a utilizar los servicios del Estado mientras esté en ejercicio de su función. Más que una obligación punitiva es una especie de condición para ejercer la responsabilidad que le ha sido asignada. Por ejemplo, es como ser seleccionado para jugar en la Vino Tinto con la condición de que debes estar en los entrenamientos para poder jugar en los partidos de la clasificación al mundial (digamos, no valdría que el jugador se bajase de un avión para ir directamente al estadio a jugar).

Esa idea la sintetizo en promulgar la "LEY DE COHERENCIA Y GARANTÍAS ÉTICAS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA." Los ciudadanos estamos hartos de un sector público mediocre y sin esperanzas de mejorar. Quien quiera asumir la digna responsabilidad de trabajar en función del bien común, debe comenzar por hacerlo por interés propio. Si no se ocupa de hacerlo bien, la primera víctima inmediata será esa misma persona que aceptó dicha responsabilidad. Si los resultados tardan un tiempo, esa persona estará muy interesada en que ese tiempo sea lo más corto posible.

Si no le gusta esa condición, que renuncie al cargo o que simplemente no lo acepte o que ni siquiera se postule a elecciones. No es ético que los recursos públicos sean mal utilizados y que los responsables directos de esa mala utilización no salgan afectados. Es una condición muy dura, pero al mismo tiempo es un reto que sólo los mejores se atreverán a asumir.

Los considerandos y el articulado de esa Ley son también un reto. Acepto voluntarios que me ayuden a producir el primer borrador.

Pásame la botellita de agua.