Dilemas éticos ante la dictadura

En Venezuela ha sido declarada la ruptura del hilo constitucional. Esto significa que ha habido una violación tan grave a la constitución, perpetrada por los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, que equivale a un golpe de estado. Si ocurre un golpe de estado, el gobierno es típicamente calificado como una dictadura.

Ante la ruptura del hilo constitucional, todos los ciudadanos tenemos la obligación constitucional de reestablecer la vigencia plena de la constitución. ¿Cuál es el alcance de las acciones que los ciudadanos debemos ejecutar con ese fin? ¿Hasta dónde podemos llegar para cumplir con ese deber? ¿Qué sería legal y qué no en unas circunstancias en las que el propio estado de derecho ha dejado de operar con normalidad?

Estas preguntas sugen porque ante tantas violaciones flagrantes a derechos humanos y ante tanto desprecio de la dictadura por las normas, me he dado cuenta de que cada vez que pagamos impuestos, esos recursos terminan recibiéndolos funcionarios que luego van a utilizarlos, en forma de lacrimógenas y sueldos de esbirros, en contra de quienes los estamos pagando. La conclusión inmediata sería la de decidir dejar de pagar impuestos. Pero eso no es tan fácil de implementar y puede además traer impactos colaterales indeseables.

No sería fácil porque, de hacerlo, tendrá que hacerse de tal manera que lo hagamos todos a la vez. Eso implica una coordinación más propia de alemanes o suizos que de venezolanos. Pero, además, estaría mal simplemente no pagar por ser una acción ilegal y porque se corre el riesgo de que algunos vivarachos pasen a rumbearse esos reales que no desembolsarían.

Pensemos, especulativamente, en que se logra coordinar esa acción y que se crea un fideicomiso a cargo de la Asamblea Nacional, por ejemplo, en el que todos depositamos ordenadamente los impuestos para que estén allí pagados, pero retenidos hasta tanto el hilo constitucional sea reestablecido. ¿Existirá alguna institución bancaria dispuesta a abrir ese fideicomiso rebelde? ¿Se quedará la dictadura tranquila ante tal medida?

Supongamos que esa idea de depositar los impuestos en un fideicomiso para retenerlos hasta que vuelva a existir la democracia y el estado de derecho, se pudiese lograr... ¿No estaríamos impidiendo que llegasen recursos a servicios clave proporcionados (generalmente de manera deficiente) por el gobierno dictatorial y con ello poniendo en riesgo a parte de la población? ¿Habría que tomar en cuenta ese tipo de consecuencias, mientras quienes usurpan funciones no se frenan ante nada por lograr como sea mantener sus posiciones de poder ilegítimo?

Es un dilema porque estamos ante el enfrentamiento de dos deberes que tenemos como ciudadanos: por un lado debemos pagar impuestos, es lo legal y es necesario por múltiples razones; pero por otro lado, debemos defender la vigencia de la constitución ante una dictadura. Es complicado. Pero vale la pena reflexionar al respecto.