Cotidianamente el gobierno dictatorial que en la actualidad tiene a Venezuela sufriendo su peor crisis, viola sistemática e impunemente los derechos humanos de prácticamente todos los venezolanos. La trampa que este tenebroso "enemigo íntimo" ha utilizado es la de "procedimentalizar" los reclamos en materia de derechos humanos. Por un lado, enreda judicialmente los reclamos a través de medidas cautelares que en sí mismas son violatorias de los derechos de personas detenidas arbitrariamente o vejadas de alguna otra manera; pero por otro lado protege a los propios violadores y cómplices, por acción u omisión en sus actuaciones.
Por ejemplo, son públicas y notorias las violaciones de derechos humanos que ministros, diputados o demás voceros del gobierno perpetraron al amenazar a funcionarios públicos, y a venezolanos en general, que si firmaban para convocar el Referendo Revocatorio los iban a "castigar" botándolos de sus cargos. Esas son violaciones del tipo discriminatorio al derecho #2 de la Declaración Universal, han sido flagrantes y son sustantivamente incuestionables.
El enredo lo provocan al "pelotear" a las víctimas para que vayan a distintos sitios buscando justicia. Mucho peor cuando se trata de violaciones del derecho a la vida, las víctimas ya no están presentes y sus allegados pueden lógicamente cansarse del peloteo con más facilidad. Si bien lo procedimental podría servir para alcanzar un resultado firme legalmente, con el estado de derecho vigente sería iluso apostar a esa vía.
Ante la trampa de forzarnos a utilizar la vía procedimental, los venezolanos debemos invocar cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera podemos obtener resultados de justicia sustantiva que impacte ante la opinión pública nacional e internacional y que acarree consecuencias morales, sociales y políticas que debiliten a nuestros enemigos (los violadores de nuestros derechos humanos). Para ello debemos apoyarnos en el artículo 23 constitucional:
Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos está suscrita y ratificada por Venezuela. La Sala Constitucional actual no tiene competencia para interpretar ese texto y como ha sido cómplice de abusos, si lo hiciese, lo haría en contra de las víctimas. Esta instancia está ubicada en el terreno procedimental, no en el sustantivo.
En el sustantivo estamos las víctimas y eventualmente podremos llegar a lo procedimental, cuando la justicia sea verdaderamente neutral e impecablemente decente.
El asunto entonces va más allá del tema político. Muchos funcionarios, civiles y militares, de distintos niveles violan los derechos humanos de los venezolanos, no solamente los de algunos dirigentes opositores y de estudiantes que protestan en las calles. Seguir enmarcando el conflicto con el gobierno como un problema de la "disidencia" es limitado.
Tenemos una dictadura que nos afecta a todos los venezolanos. Es prácticamente una fuerza de ocupación que ha colonizado casi todas las instituciones y mantiene secuestrado el país. Si no violaran derechos humanos serían sólo nuestros adversarios, pero lamentablemente no es así,
Por lo tanto, son nuestros enemigos y debemos estar conscientes de ello.
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