Ser pragmatista implica...

Que las consecuencias nos acerquen al logro de nuestros objetivos, tomando en cuenta el contexto interactivo en el que ocurren. Enfocarnos en el para qué y no en el por qué decimos o hacemos lo que digamos o hagamos.

31.8.08

El Requerimiento Democrático en la Economía (II)

La semana pasada compartí con ustedes una reflexión sobre cómo podemos enfocar el tema del creciente mundo corporativo público, producto de la tendencia del gobierno actual a estatizar caprichosamente casi cualquier cosa que le pase por enfrente, especialmente si se trata de grandes empresas (ver http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=424164). Creo que debemos continuar esta reflexión por muchas razones, siendo una de ellas que la única manera de desestatizar no es, necesariamente, la privatización en términos tradicionales.

Las recientes y rápidas estatizaciones de empresas en Venezuela obedecen a una circunstancia muy particular representada por la cascada de petrodólares que llega a manos de un presidente que no parece pensar en el país. No han habido decisiones institucionales sino “puntadas” personales provenientes de un solo individuo. No hay un plan de desarrollo que no sea el de desarrollar un poder autárquico, un poder monárquico que, de continuar, transportará a la economía del país a la Edad Media o más atrás.

A pesar del modo inconstitucional con el que se han producido esas decisiones lo fundamental no cambia: el Estado venezolano, por ser quien administra el recurso petrolero, recibe cuantiosísimos ingresos los cuales podrían de todos modos terminar utilizándose en la compra de empresas privadas. Eso produce concretamente un aumento del patrimonio de la Nación, el cual es de todos y cada uno de los venezolanos.

Ya sé que existen demasiadas necesidades de infraestructura, salud, educación, medio ambiente, etc., que hacen ver esas estatizaciones como absurdas, por decir lo menos. Las divisas que se llevaron quienes poseían CANTV y EDC y las que están por llevarse Sidor, Holcym, Lafarge, Cemex, etc., salen de nuestra economía y, como hecho económico, constituyen sin duda una desinversión.

El gobierno podría haber decidido atender primero las necesidades sociales y luego dedicarse a crear nuevas empresas de telecomunicaciones, electricidad, acero o cemento, pero no lo ha hecho. Pareciera que: 1) No puede; o 2) No quiere. O ambas cosas: no puede ni quiere. No tiene capacidad gerencial y no quiere que el sector privado siga jugando un rol importante en la economía.

Pero lo cierto es que, a más tardar en 2013, el nuevo gobierno tendrá que lidiar con este tema de grandes sectores estatizados de la economía en los que, basándonos en la experiencia del mundo socialista real, se producirá o se habrá producido ya un colapso. El Estado funciona terriblemente mal como empresario y a la vez supervisor de sí mismo. Los regímenes socialistas típicamente hacen crecer al Estado a expensas del ciudadano, eliminando su capacidad de emprendimiento y su libertad.

Nuestra Constitución de 1999 dice y siempre dirá que los venezolanos podemos dedicarnos libremente a la actividad económica de nuestra preferencia (Art. 112). El Estado es al final como una especie de gran junta de condominio, un mecanismo que los ciudadanos utilizamos para que los asuntos comunes los resolvamos de manera organizada. No tendría sentido aceptar que sea la junta quien se adueñe de lo que pudiésemos adquirir con un “fondo de reserva” que todos tengamos en el condominio. Lo que se adquiera será propiedad de cada uno de nosotros y tenemos el derecho y la obligación de velar por ello.

El Estado venezolano compró con nuestros recursos petroleros unas empresas. Esas empresas son de todos nosotros. Esto no es una simple consigna. Los venezolanos debemos darnos una ley que nos asegure la propiedad del petróleo y de lo que provenga de su uso para decidir directamente y democráticamente sobre lo que es nuestro. En esto podemos coincidir muchísimos venezolanos, los suficientes como para hacer muy pronto que un cambio de este tipo se convierta en realidad.

Imagínese que a futuro tengamos una cédula digital con la que se nos acreditan nuestras respectivas acciones en cada una de las empresas que ha adquirido la Nación, que funcione como una cuenta en la que se nos deposite al final de año los dividendos que una excelente gerencia pública (la cual además tuvimos oportunidad de seleccionarla por sus credenciales y democráticamente) produce para todos. Serán acciones de las cuales seremos propietarios y que podremos libremente comprar, vender o mantenerlas. Serán los “apartamentos” de un “gran edificio económico” del cual todos somos dueños..

El Estado seguirá cobrando impuestos (el condominio) y atendiendo organizadamente los asuntos comunes incluyendo las empresas de propiedad democrática. No planteo que el Estado desaparezca. Simplemente estoy en contra de que se consolide una monarquía económica absolutista.

22.8.08

El Requerimiento Democrático en la Economía

Descubrí que como liberal asocio a un Estado omnipresente con un inevitable Autoritarismo. Pero creo poder estar equivocado en relación a lo “inevitable” del asunto. A mayor cantidad de sectores estatizados (hidrocarburos, minería, acero, cemento, electicidad, telecomunicaciones, banca, etc.) mayor será el consenso entre los venezolanos en que la participación democrática debe ser la forma de escoger no sólo a las autoridades que desde el Estado regulen a dichos sectores, sino a los funcionarios y juntas directivas que integren a esas empresas que son de todos nosotros.

El Autoritarismo como esquema administrativo de una propiedad estatal o social, no privada, es un contrasentido. Ese monopolio de las decisiones no es compatible con la teoría ni con la práctica de invertir recursos del Estado en adquirir empresas. El argumento para adquirirlas es que van a funcionar mejor. Las decisiones de adquirirlas han sido autoritarias e inconsultas, pero son un hecho. La cosa se pone peor cuando constatamos que todavía menos consultadas son las decisiones de cómo gerenciar dichas empresas.

No podemos esperar 6 años a cambiar de Presidente para que éste se vea obligado a rendir cuentas sobre cómo gerencia todo un consorcio empresarial que deja pálidos a los zaibatsu o keiretsu japoneses. El mundo de los negocios se ha vuelto más rápido y los propietarios de las nuevas empresas estatizadas (todos los venezolanos) debemos poder exigir cuentas a sus juntas directivas, por lo menos, anualmente.

Requerimos ampliar por ley los métodos democráticos hacia el terreno de la gerencia del mundo empresarial estatal. Las empresas de todos los venezolanos serán efectivamente de todos desde el momento en el que podamos pedir cuentas e incidir sobre las decisiones clave que mejoren su desempeño. Es tan injusta una privatización inconsulta, realizada por un gobierno de corte neo-liberal, como una estatización inconsulta y sobre todo el mantener esas empresas bajo una gerencia pública ineficiente, por parte de un gobierno de corte socialista.

A los dueños, o sea todos nosotros, nos seguirá interesando lo que a todo inversionista: que las empresas funcionen bien y que nos proporcionen beneficios. Esto no podemos dejarlo a nivel de promesas electorales, ni en esquemas nebulosos donde un grupito termina decidiendo todo. Los dueños debemos poder ejercer nuestro poder en Asambleas de Accionistas o de Cooperativistas.

Es urgente convertir a PDVSA y a toda empresa estatizada, a través de una Ley, en cooperativas, o en empresa de las cuales todos tengamos 1 acción de cada una, que podrá ser nuestra propia cédula. Esa Ley debe establecer cómo se nombra a su junta directiva, a su presidente, cómo participamos todos en hacerlo, los requisitos con los que deben cumplir quienes se postulen, etc. Descubriremos, seguramente, que el CNE y sus sistemas electorales automatizados eran mas útiles que lo que creímos que eran...

Al mundo corporativo privado lo premian y lo castigan sus inversionistas, sus accionistas. Algo similar debemos producir en este país para el creciente mundo corporativo público. Es prioritario explorar esta posibilidad dentro del marco de nuestra Constitución.