Ser pragmatista implica...

Que las consecuencias nos acerquen al logro de nuestros objetivos, tomando en cuenta el contexto interactivo en el que ocurren. Enfocarnos en el para qué y no en el por qué decimos o hacemos lo que digamos o hagamos.

25.3.17

Ley de coherencia y garantías éticas en el ejercicio de la función pública

Si sabes que un embotellador de agua mineral NUNCA se toma ni un poquito del agua que vende, ¿te atreverías a tomarte una de sus botellitas?

Empresarios privados y funcionarios del Estado deciden asumir responsabilidades de ofrecer productos y servicios (los primeros más orientados a los productos y los segundos a los servicios) que satisfagan necesidades y deseos de la población. Si un empresario ofrece un mal producto o servicio, salvo excepciones monopólicas, la competencia se encargará de hacer que este fracase por la mala calidad de lo que ofrece. Pero en el caso del Estado, el asunto no es tan dinámico.

Los servicios del Estado tienen una dinámica más rígida porque existen algunos servicios, como el de los pasaportes, que no hay manera de satisfacerlos por fuera del ámbito estatal; y otros que atrapan a los sectores de menores ingresos como especie de mercado cautivo (el caso del transporte público, por ejemplo), porque buscar alternativas a dichos servicios resulta inalcanzable debido a costos o, simplemente, porque no existen alternativas y solamente el Estado los ofrece en una determinada región.

Un agravante en el caso del Estado es que los funcionarios producen los bienes o servicios utilizando recursos públicos, es decir, recursos que no son de ellos sino de los ciudadanos como un todo. Una consecuencia de ofrecer malos servicios por parte de una determinada administración es perder las elecciones y tener que entregar el gobierno. Sin embargo, hemos sido testigos de las extraordinarias destrezas de ciertos políticos en excusarse y mostrar como culpable a cualquiera otra persona o circunstancia, logrando reelegirse a pesar de su mediocre gestión.

Los funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan altos cargos, son en muchos casos poco sensibles con respecto a las consecuencias de una fallida gestión: reciben atención médica en las mejores clínicas privadas (no en hospitales públicos), educan a sus hijos en los mejores colegios privados (no en escuelas públicas) y se desplazan en vehículos de lujo, con choferes y guardaespaldas (no en transporte público, en bici o a pie). Son como ese empresario que NUNCA toma el agua que vende embotellada. Son técnicamente fallidos y éticamente nulos.

La pregunta sería ¿Cómo lograr un mejor desempeño de los gerentes públicos? Varios tipos de acciones deben ejecutarse, como: a) Promover formación de alto nivel entre los cuadros de los partidos políticos; b) Estimular la meritocracia como mecanismo de desarrollo de carrera en el sector público; c) Desarrollar la contraloría social de tal modo que provoque acciones correctivas tempranas y no tener que esperar hasta el momento en el que se pueda aplicar el voto castigo. En fin, son muchas y muy variadas las acciones que de alguna manera se pueden dirigir a que el Estado funcione con altos estándares de calidad.

Sin embargo, quiero aportar una idea basada en el agua embotellada: que todo alto funcionario, por ley, sea obligado a utilizar los servicios del Estado mientras esté en ejercicio de su función. Más que una obligación punitiva es una especie de condición para ejercer la responsabilidad que le ha sido asignada. Por ejemplo, es como ser seleccionado para jugar en la Vino Tinto con la condición de que debes estar en los entrenamientos para poder jugar en los partidos de la clasificación al mundial (digamos, no valdría que el jugador se bajase de un avión para ir directamente al estadio a jugar).

Esa idea la sintetizo en promulgar la "LEY DE COHERENCIA Y GARANTÍAS ÉTICAS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA." Los ciudadanos estamos hartos de un sector público mediocre y sin esperanzas de mejorar. Quien quiera asumir la digna responsabilidad de trabajar en función del bien común, debe comenzar por hacerlo por interés propio. Si no se ocupa de hacerlo bien, la primera víctima inmediata será esa misma persona que aceptó dicha responsabilidad. Si los resultados tardan un tiempo, esa persona estará muy interesada en que ese tiempo sea lo más corto posible.

Si no le gusta esa condición, que renuncie al cargo o que simplemente no lo acepte o que ni siquiera se postule a elecciones. No es ético que los recursos públicos sean mal utilizados y que los responsables directos de esa mala utilización no salgan afectados. Es una condición muy dura, pero al mismo tiempo es un reto que sólo los mejores se atreverán a asumir.

Los considerandos y el articulado de esa Ley son también un reto. Acepto voluntarios que me ayuden a producir el primer borrador.

Pásame la botellita de agua.

1.3.17

Meritocracia: ¿el peor de los males?

La única guerra real a la que se podría hacer referencia en Venezuela es la guerra a la meritocracia. Desde los tiempos de Chávez, sobre todo por su particular empeño en cogerse a PDVSA, la meritocracia que se cultivaba en el país comenzó a recibir duros golpes traicioneros. Uno de los golpes más típicos era el que venía con el disfraz de la lealtad: se exigía lealtad al comandante como una de las "competencias" que los altos gerentes públicos debían demostrar. Ese disfraz sólo ocultaba el desprecio por la meritocracia.

Otro golpe certero a la meritocracia ha sido la estrategia de privilegiar las importaciones de todo tipo, en lugar de que las compras del Estado se canalicen primero hacia lo producido acá en Venezuela. El Estado se dedicó a comprar bienes, servicios y talento en el exterior, muchas de las veces de manera discrecional, en una clara violación no sólo al interés del país (se favoreció la creación de empleos y desarrollo en otros países), sino que además se escogieron "socios" amigos, no necesariamente a los mejores. De paso, siendo los funcionarios encargados de importar, individuos escogidos por su lealtad al proceso, no era extraño que alimentos y medicinas apareciesen podridos en distintas zonas del país, pues se vencían gracias a que éstos de logística sabían tanto como de física cuántica.

Esa discrecionalidad no pudieron dejar de aprovecharla para lo que terminaban decidiendo contratar en el país y eso fue, sin duda, otro duro golpe a la meritocracia. El Registro Nacional de Contratistas podría servir como base de datos para corroborar la hipótesis de que en gran medida muy poco se licitó o, en todo caso, los contratos los ganaban empresas que destacaban no por sus méritos, sino por sus contactos. La deshonrosa presencia de cubanos en registros y notarías no tendría otra explicación que vigilar a venezolanos que, luego de enriquecerse, siguieran siendo leales a la revolución.

Los contactos para hacer negocios desde el Estado no pueden ser mejores que aquellos que son parte de la familia. El nepotismo descarado del chavismo es el otro gran golpe a la meritocracia. No se escogen funcionarios diplomáticos, gerentes públicos, o demás cargos de relevancia, porque se busquen a las personas con los perfiles profesionales más adecuados, sino que se enchufan a los hermanos, tíos, sobrinos, etc., de los más connotados líderes de la revolución.

La invalidación de pruebas de aptitud para entrar a las universidades han sido otra manifestación más de esa guerra sin cuartel a la meritocracia. La proliferación del rango de general en la Fuerza Armada es también otra medida solapada contra la meritocracia puesto que si son muchos, la conclusión lógica es que cualquiera puede llegar a ser general. Y si vamos a las credenciales y trayectoria de quien hoy funge de presidente de la república, la conclusión es que la meritocracia la han devaluado tanto como a la moneda nacional.

Es algo tan devaluado que la preocupación por la corrupción le dan más centimetraje porque de alguna manera sirve para ocultar la falta de meritocracia en el buen sentido. La verdadera existencia actual de la meritocracia ocurre entonces en el sentido negativo: sólo los más deshonestos y desalmados logran ocupar los más altos cargos en los distintos poderes del Estado. Pero esa meritocracia de pranes no es la que le conviene a ningún país.