Ser pragmatista implica...

Que las consecuencias nos acerquen al logro de nuestros objetivos, tomando en cuenta el contexto interactivo en el que ocurren. Enfocarnos en el para qué y no en el por qué decimos o hacemos lo que digamos o hagamos.

31.8.08

El Requerimiento Democrático en la Economía (II)

La semana pasada compartí con ustedes una reflexión sobre cómo podemos enfocar el tema del creciente mundo corporativo público, producto de la tendencia del gobierno actual a estatizar caprichosamente casi cualquier cosa que le pase por enfrente, especialmente si se trata de grandes empresas (ver http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=424164). Creo que debemos continuar esta reflexión por muchas razones, siendo una de ellas que la única manera de desestatizar no es, necesariamente, la privatización en términos tradicionales.

Las recientes y rápidas estatizaciones de empresas en Venezuela obedecen a una circunstancia muy particular representada por la cascada de petrodólares que llega a manos de un presidente que no parece pensar en el país. No han habido decisiones institucionales sino “puntadas” personales provenientes de un solo individuo. No hay un plan de desarrollo que no sea el de desarrollar un poder autárquico, un poder monárquico que, de continuar, transportará a la economía del país a la Edad Media o más atrás.

A pesar del modo inconstitucional con el que se han producido esas decisiones lo fundamental no cambia: el Estado venezolano, por ser quien administra el recurso petrolero, recibe cuantiosísimos ingresos los cuales podrían de todos modos terminar utilizándose en la compra de empresas privadas. Eso produce concretamente un aumento del patrimonio de la Nación, el cual es de todos y cada uno de los venezolanos.

Ya sé que existen demasiadas necesidades de infraestructura, salud, educación, medio ambiente, etc., que hacen ver esas estatizaciones como absurdas, por decir lo menos. Las divisas que se llevaron quienes poseían CANTV y EDC y las que están por llevarse Sidor, Holcym, Lafarge, Cemex, etc., salen de nuestra economía y, como hecho económico, constituyen sin duda una desinversión.

El gobierno podría haber decidido atender primero las necesidades sociales y luego dedicarse a crear nuevas empresas de telecomunicaciones, electricidad, acero o cemento, pero no lo ha hecho. Pareciera que: 1) No puede; o 2) No quiere. O ambas cosas: no puede ni quiere. No tiene capacidad gerencial y no quiere que el sector privado siga jugando un rol importante en la economía.

Pero lo cierto es que, a más tardar en 2013, el nuevo gobierno tendrá que lidiar con este tema de grandes sectores estatizados de la economía en los que, basándonos en la experiencia del mundo socialista real, se producirá o se habrá producido ya un colapso. El Estado funciona terriblemente mal como empresario y a la vez supervisor de sí mismo. Los regímenes socialistas típicamente hacen crecer al Estado a expensas del ciudadano, eliminando su capacidad de emprendimiento y su libertad.

Nuestra Constitución de 1999 dice y siempre dirá que los venezolanos podemos dedicarnos libremente a la actividad económica de nuestra preferencia (Art. 112). El Estado es al final como una especie de gran junta de condominio, un mecanismo que los ciudadanos utilizamos para que los asuntos comunes los resolvamos de manera organizada. No tendría sentido aceptar que sea la junta quien se adueñe de lo que pudiésemos adquirir con un “fondo de reserva” que todos tengamos en el condominio. Lo que se adquiera será propiedad de cada uno de nosotros y tenemos el derecho y la obligación de velar por ello.

El Estado venezolano compró con nuestros recursos petroleros unas empresas. Esas empresas son de todos nosotros. Esto no es una simple consigna. Los venezolanos debemos darnos una ley que nos asegure la propiedad del petróleo y de lo que provenga de su uso para decidir directamente y democráticamente sobre lo que es nuestro. En esto podemos coincidir muchísimos venezolanos, los suficientes como para hacer muy pronto que un cambio de este tipo se convierta en realidad.

Imagínese que a futuro tengamos una cédula digital con la que se nos acreditan nuestras respectivas acciones en cada una de las empresas que ha adquirido la Nación, que funcione como una cuenta en la que se nos deposite al final de año los dividendos que una excelente gerencia pública (la cual además tuvimos oportunidad de seleccionarla por sus credenciales y democráticamente) produce para todos. Serán acciones de las cuales seremos propietarios y que podremos libremente comprar, vender o mantenerlas. Serán los “apartamentos” de un “gran edificio económico” del cual todos somos dueños..

El Estado seguirá cobrando impuestos (el condominio) y atendiendo organizadamente los asuntos comunes incluyendo las empresas de propiedad democrática. No planteo que el Estado desaparezca. Simplemente estoy en contra de que se consolide una monarquía económica absolutista.

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